Con su venia Señor Presidente
Compañeras y compañeros legisladores
Las niñas, niños y adolescentes son, como todos los individuos, sujetos en desarrollo, de tal suerte que tienen características personales propias que emergen a partir de la interacción entre sus componentes biológicos y sus experiencias de vida. Lamentablemente no en todos los casos estas experiencias contribuyen a un desarrollo sano y armonioso.
Durante siglos los niños fueron vistos como propiedad de los padres o del Estado. Fue hasta finales del siglo XVIII, cuando comienzan a notarse ligeros cambios que conducen al reconocimiento de los daños psicológicos del abuso. En 1989, se adoptó la Convención de los Derechos del niño, la cual recoge los principios mínimos que deben ser garantizados a las personas menores de 18 años, entre los cuales, están aquellos relacionados con la protección del niño frente a toda forma de violencia.
A pesar de lo anterior, el grave problema del maltrato infantil persiste en todo el mundo. Aunque los números parezcan inverosímiles, hay que decir que en América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia intrafamiliar. En algunos países como Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, los índices de violencia en este contexto suelen dispararse.
Las investigaciones sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales durante la infancia.
Aunque no existe un país libre de violencia contra menores, México tiene uno de los índices más altos desde hace mucho tiempo, al igual que una alta tasa de homicidios de niños y niñas. Durante los últimos casi 30 años han muerto asesinados diariamente dos menores de 14 años de edad.
Con el objeto de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de su derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, este Congreso aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este ordenamiento establece como parte de las obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Asimismo, dispone que en las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes.
De manera particular, el artículo 21 de la Ley en cita señala que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación y que las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Este precepto enuncia que se les protegerá cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
Sin embargo, en el texto de la Ley en comento no encontramos ningún precepto que nos indique lo que se debe entender por abuso, razón por la que se propone incorporar a dicho precepto un párrafo que defina tanto el abuso que se ejerce directamente contra niñas, niños y adolescentes como aquel que éstos presencian, así como proteger a toda niña, niño o adolescente de los conflictos que se deriven del proceso de separación de sus padres
El maltrato infantil es intolerable. Es un problema de interés comunitario, en el que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a este problema.
No obstante, estamos seguros que liberar a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sólo será posible, si los legisladores respetamos nuestros deberes hacia la infancia y los ponemos en práctica. Tenemos la facultad de legislar, de controlar la aplicación adecuada de las leyes, de asignar recursos financieros y de movilizar la opinión pública.
Compañeras y compañeros legisladores esta iniciativa es una invitación a todos ustedes a contribuir a que la vida de la niñez sea una vida libre de violencia.
Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de éstas iniciativa en el Diario de los Debates.
Muchas gracias
Es cuanto señor Presidente
Compañeras y compañeros legisladores
Las niñas, niños y adolescentes son, como todos los individuos, sujetos en desarrollo, de tal suerte que tienen características personales propias que emergen a partir de la interacción entre sus componentes biológicos y sus experiencias de vida. Lamentablemente no en todos los casos estas experiencias contribuyen a un desarrollo sano y armonioso.
Durante siglos los niños fueron vistos como propiedad de los padres o del Estado. Fue hasta finales del siglo XVIII, cuando comienzan a notarse ligeros cambios que conducen al reconocimiento de los daños psicológicos del abuso. En 1989, se adoptó la Convención de los Derechos del niño, la cual recoge los principios mínimos que deben ser garantizados a las personas menores de 18 años, entre los cuales, están aquellos relacionados con la protección del niño frente a toda forma de violencia.
A pesar de lo anterior, el grave problema del maltrato infantil persiste en todo el mundo. Aunque los números parezcan inverosímiles, hay que decir que en América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia intrafamiliar. En algunos países como Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, los índices de violencia en este contexto suelen dispararse.
Las investigaciones sugieren que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales durante la infancia.
Aunque no existe un país libre de violencia contra menores, México tiene uno de los índices más altos desde hace mucho tiempo, al igual que una alta tasa de homicidios de niños y niñas. Durante los últimos casi 30 años han muerto asesinados diariamente dos menores de 14 años de edad.
Con el objeto de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de su derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, este Congreso aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este ordenamiento establece como parte de las obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Asimismo, dispone que en las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes.
De manera particular, el artículo 21 de la Ley en cita señala que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación y que las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Este precepto enuncia que se les protegerá cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
Sin embargo, en el texto de la Ley en comento no encontramos ningún precepto que nos indique lo que se debe entender por abuso, razón por la que se propone incorporar a dicho precepto un párrafo que defina tanto el abuso que se ejerce directamente contra niñas, niños y adolescentes como aquel que éstos presencian, así como proteger a toda niña, niño o adolescente de los conflictos que se deriven del proceso de separación de sus padres
El maltrato infantil es intolerable. Es un problema de interés comunitario, en el que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a este problema.
No obstante, estamos seguros que liberar a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sólo será posible, si los legisladores respetamos nuestros deberes hacia la infancia y los ponemos en práctica. Tenemos la facultad de legislar, de controlar la aplicación adecuada de las leyes, de asignar recursos financieros y de movilizar la opinión pública.
Compañeras y compañeros legisladores esta iniciativa es una invitación a todos ustedes a contribuir a que la vida de la niñez sea una vida libre de violencia.
Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de éstas iniciativa en el Diario de los Debates.
Muchas gracias
Es cuanto señor Presidente
A continuación les presento la iniciativa completa
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