Amigos:
Por
este medio, quiero comentarles que en la sesión del 1 de marzo, con el
propósito de combatir los secuestros, extorsiones o amenazas, aprobamos
reformas para que los celulares utilizados para cometer dichos ilícitos sean
localizados en tiempo real, además de inhibir el uso de estos equipos en los
centros penitenciarios.
El dictamen señala que se impondrá de uno a 5 años
de prisión y de mil a 10 mil días de multa, a la autoridad que utilice los
datos e información relacionados para fines distintos y de 250 a 2 mil 500 días
de multa a permisionarios y concesionarios que se rehúsen a colaborar con la
autoridad en las investigaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto
Benítez Treviño, dijo desde tribuna que se trata de inhibir el uso de teléfonos
celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios que hay en el
país. Señaló que cada día se realizan 6 mil llamadas de extorsión desde el
interior de los reclusorios aun cuando su uso está prohibido por el grado de
corrupción al interior.
Desde la tribuna, el diputado Benítez Treviño,
respondió a las declaraciones del empresario Alejandro Martí, quien acusó la
lentitud de la Cámara de Diputados para aprobar este dictamen, dijo que “este
asunto no tiene un año, y tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo
turnó a las Comisiones de Justica, Comunicaciones y Seguridad Publica”.
Avalamos establecer mecanismos legales que obliguen
a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones
realizar el bloqueo de los teléfonos celulares reportados como robados o
extraviados a fin de evitar que sean utilizados para ilícitos.
El dictamen por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos
Penales, y Penal Federal, así como de las Leyes Federal de Telecomunicaciones,
la que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,
y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece derogar el
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Se determina que los concesionarios y
permisionarios deberán garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten
con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o
usuarios enviar señales de auxilio; a su vez los centros penitenciarios deberán
bloquear o anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del
perímetro de aquellos.
El documento, remitido al Ejecutivo para su
publicación, precisa que las señales de auxilio serán enviadas de forma
automática a un sistema nacional de atención de emergencias a fin de garantizar
la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades
federativas o de los municipios.
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