El Pleno Cameral reformó la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, con el propósito de incluir acciones que
protejan de este delito, de manera específica, a las personas con discapacidad.
Al hacer uso de la palabra, la diputada María del
Carmen Guzmán Lozano, del grupo parlamentario del PAN, se pronunció a favor del
dictamen, porque se toma en cuenta a personas con capacidades diferentes que se
vean afectadas y por lo mismo pueden tener una discapacidad posterior por la
comisión de este delito.
Destacó que con la aprobación del dictamen, con 350
votos a favor, la víctimas podrán acceder a la reparación del daño y tener
asistencia integral, porque son agredidas en lo físico y psicológico.
“Todos estamos expuestos, unamos esfuerzos con el
objeto de que esta tarea legislativa siga propiciando un marco jurídico que
atienda y combata efectivamente el delito de trata de personas y se vea el
diseño, para que nosotros veamos un diagnóstico adecuado, el tratamiento
oportuno y extender la atención a personas con discapacidad”.
Enseguida, la diputada María Guadalupe García
Almanza, del grupo parlamentario de Convergencia, confió en que esta reforma
abra un nuevo camino que favorezca la denuncia de esas agresiones, facilitando
la actuación judicial, así como los tratamientos médicos y sicológicos
necesarios.
“Es sensible a las necesidades de las personas con
discapacidad que son víctimas de abuso sexual, violencia o explotación de
cualquier índole como resultado del delito de trata de personas”, enfatizó.
Agregó que en el dictamen se incluyen acciones que
protegen de manera específica a las personas con discapacidad y constituye un
adelanto para implementar el marco normativo y llevar a la práctica lo
mandatado en los ordenamientos internacionales, signados por México.
Enseguida, la diputada Claudia Edith Anaya Mota,
del grupo parlamentario del PRD, destacó la importancia de incluir a este
sector de la población en dicho ordenamiento para ser considerado como uno de
los grupos prioritarios en el cuidado y la atención.
Además, que en el proceso de impartición de
justicia y atención en el tema de trata se tengan las adecuaciones necesarias,
como intérpretes de señas, el sistema Braille, o implementos tecnológicos para
que puedan acudir a las instituciones a pedir ayuda.
Indicó que con las personas con discapacidad se
debe tener mayor cuidado y protección en este tema, por lo que deben incluirse
en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pues “este sector es
vulnerable porque el Estado no crea las condiciones y el andamiaje para
salvaguardar sus derechos y su integridad”.
Las reformas incluyen sanciones administrativas a
los servidores públicos que participen en la trata de las personas con
discapacidad, con independencia de la responsabilidad penal correspondiente.
Se reforma el inciso a) de la fracción III del
artículo 6, la fracción II y el inciso b) de la fracción IX del artículo 12, la
fracción I del artículo 16 y la fracción II del artículo 18; y se adicionan la
fracción VIII al artículo 9 y el inciso h) a la fracción I del artículo 13 de
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Aprobado en lo general y en lo particular se
envió al Senado para los efectos constitucionales. 
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