La Cámara de Diputados aprobó, en la sesión del 13
de diciembre, reformar el artículo 109
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que la
información que se genere en este ámbito sirva para salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos mediante la
prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
reinserción social.
El dictamen, aprobado por 295 votos a favor y una
abstención, propone garantizar que esta información sea utilizada cuando se encuentre
vinculada a la prevención, investigación y persecución de delitos e
infracciones.
En tribuna, el secretario de la Comisión de
Seguridad Pública, diputado Sergio González Hernández (PAN), explicó con se
requiere de una reforma que abarque las bases de datos de las cuatro secciones
que conforman la información sobre seguridad pública. “Con el párrafo que se
adiciona se garantiza que éstas sean utilizadas de manera lícita”.
Afirmó que se busca que la información sea
utilizada por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia,
“permitiendo una adecuada cooperación entre la federación, los estados y
municipios, en aras de una eficiente investigación, persecución y sanción de
los delitos”.
Agregó que con la reforma se logrará homologar
lineamientos generales, que deben ser observados por los órdenes de gobierno
para el correcto uso de la información sobre la seguridad pública.
González Hernández dijo que para que pueda existir
un adecuado y eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de
gobierno se requiere de herramientas tecnológicas que lo permitan.
“Sin una regulación adecuada se puede prestar al
uso con fines ilícitos de la vasta información que en materia de seguridad se
tiene. Actualmente existe la urgente necesidad de establecer textualmente que
la información de este tipo sólo podrá ser utilizada en procedimientos
vinculados con la prevención, investigación y persecución de delitos”, aseveró.
El diputado Eduardo Yáñez Montaño, secretario de la
Comisión de Seguridad Pública, se pronunció a favor de que esa información sea
utilizada por esas instituciones afines “para prevenir el delito, en trabajos
de investigación y en operaciones de inteligencia para lograr esclarecer los
hechos”.
Comentó que la modificación pretende que las bases
de datos sean utilizadas en los propios procesos en que se pueda llegar
claramente a la verdad.
Se envió al Senado para sus efectos
constitucionales.
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