Aprobamos que todos los vehículos que circulen por caminos y vías federales tendrán la obligación de contar con un seguro de daños a terceros

Amigos:

Para comentarles que en la sesión del pasado 11 de abril de 2012, los diputados aprobamos por 268 votos a favor, 11 votos en contra y 12 abstenciones el dictamen que reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con lo que se establece que todos los vehículos que circulen por caminos y vías federales tendrán la obligación de contar con un seguro de daños a terceros, Lo cual será responsabilidad del propietario del vehículo.

Se señala que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, impondrá como sanción por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con ese seguro, una multa de 20 a 40 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Asimismo, el propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante el término anterior, le será cancelada la infracción.

En las consideraciones, se expone que en México, se tienen registrados alrededor de 30.9 millones de vehículos, de los cuales sólo 26.5 por ciento cuenta con un seguro para hacer frente a las responsabilidades que genera el uso de un vehículo.

Se estima que cada quince minutos fallece una persona, víctima de algún accidente, correspondiendo 41 por ciento a accidentes automovilísticos, de los cuales 14 por ciento ocurren en carreteras federales y 6 por ciento en estatales.

Estadísticas nacionales muestran que de cada 10 accidentes que ocurren en la Red Carretera Federal, aproximadamente 93 por ciento de ellos son atribuibles al conductor como causa directa o principal.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), anualmente, a nivel nacional, uno de cada 4 vehículos sufre un accidente; 3 de cada 100 muertes es producida por un accidente vial y 40 mil personas quedan con discapacidad permanente tras un siniestro vial.

Los datos de INEGI muestran que en México el parque vehicular nacional corresponde a 32.3 millones de unidades, de las cuales 74.2 por ciento no están aseguradas. Casos extremos se presentan en Baja California Sur, con 93.4 por ciento al descubierto; Zacatecas con 92.1 por ciento; Guerrero con 91.2 por ciento; Hidalgo con 90.2 por ciento y Baja California Norte con 89.0 por ciento.

Por unanimidad aprobamos la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Amigos:

Quiero informarles que en la sesión ordinaria del pasado 30 de abril, aprobamos por unanimidad, con 338 votos, la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que se establecen medidas de protección como evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados; protección de inmuebles y demás medidas que se requieren para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los comunicadores.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, se apuntó que el proyecto reviste un gran significado, ya que se podrán evitar casos como el reciente asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso; por lo que esta ley atenderá de manera urgente el tema de la protección de activistas de derechos humanos y de periodistas.

La ley tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades, para implementar y operar medidas de prevención, y acciones urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Las medidas de protección incluyen: entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; chalecos antibalas y detector de metales; autos blindados.

Con esta Ley se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, de conformidad a lo establecido en el artículo primero de la Constitución.

El documento detalla que el mencionado mecanismo contará con una Junta de Gobierno como el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se plantea que sus resoluciones sean obligatorias para las autoridades federales.

Asimismo, se contempla la creación de un Consejo Consultivo como órgano de de la Junta de Gobierno y plantea esté integrado por nueve consejeros. Además establece que las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de persona defensora de derechos humanos o periodista; cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o periodista.

La ley consta de 67 artículos, divididos en los siguientes trece capítulos, así como un régimen transitorio de 14 ordenamientos.

El documento fue enviado al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Mujer Guanajuatense. Miguel Márquez Márquez

Propuesta: Educación, Miguel Márquez Márquez

Aprobamos exhortar al Gobierno Federal a que integre elementos objetivos y técnicos para dar seguimiento a feminicidios

Amigos:

Quiero comentarles que en la sesión del pasado 28 de marzo, aprobamos un exhortó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que se reforme el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de contar con un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento a la violencia feminicida en todo el país.

Asimismo, se pide perfeccionen el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género para su eficaz funcionamiento. 

Aprobamos que dependencias del Sistema Nacional de Salud puedan realizar proyectos de investigación financiados con recursos de terceros

Amigos:

Por este medio quiero informarles que, en la sesión del 28 de marzo, aprobamos con 258 votos a favor y 7 en contra una reforma a la Ley General de Salud para que las dependencias del Sistema Nacional de Salud puedan realizar proyectos de investigación para la salud, financiados con recursos de terceros.

En tribuna, mi compañero, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Antonio Osuna Millán consideró necesario fortalecer la investigación en las instituciones de salud pública que les genere un mejor prestigio y competitividad, además de generarles mayores oportunidades a sus recursos humanos para profesionalizarse y adquirir experiencia en tratamientos innovadores.

“En el Sistema Nacional de Salud, los recursos humanos son los encargados de la investigación; es por ello fundamental incentivar al personal de este sector para evitar la fuga de cerebros en México y garantizar que se cuenten con los recursos humanos capacitados y dispuestos a detonar la investigación para la salud , traduciéndose esto en una derrama tecnológica en el país y beneficio a la salud de la población”, dijo.

El dictamen establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán realizar proyectos de investigación para la salud financiados con recursos de terceros.

También señala que las disposiciones reglamentarias deberán establecer los mecanismos para determinar entre otros, la participación que corresponda a las dependencias y entidades y los incentivos para el personal directamente involucrado en la ejecución de los proyectos de investigación. 

Avalamos reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dar un seguimiento eficaz y responsable del gasto público

Amigos:

Con 344 votos, avalamos, el pasado 6 de diciembre, el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de establecer de forma obligatoria los anexos transversales en el Presupuesto de Egresos para dar un seguimiento eficaz y responsable del gasto público.

Con esta reforma se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que elabore calendarios del presupuestales de forma mensual, a fin de dar a conocer el estado que guarda el ejercicio de los recursos, con lo que se dará una transparente y correcta rendición de cuentas, a través del seguimiento del gasto.

El documento señala que los anexos transversales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se dará mayor transparencia a la ejecución y seguimiento del gasto, además de que el gasto que se asigne a los programas no se podrá disminuir con respecto al año anterior, siempre y cuando se cumpla con los objetivos planteados en el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Se establece la promoción la equidad de género, incentivar programas de ciencia, tecnología e innovación, así como alentar el desarrollo integral de los pueblos indígenas.

Al fundamentar el documento ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Navarrete Prida, informó que este dictamen fue aprobado por esta soberanía en el mes de marzo; sin embargo, el Senado realizó dos modificaciones y por ello fue devuelto a la Cámara de Diputados.

Explicó que dichas modificaciones incluyen que dentro de los anexos transversales se debe incluir a los pueblos indígenas y especificar que si llega a haber una baja inusitada de recursos, la Ley debe contemplar la situación como extraordinaria.

“Este dictamen pretende definir una metodología a mediano plazo por la cual se determinen las cuotas y porcentajes utilizados en la integración de los anexos transversales, para ser posible un seguimiento eficaz y responsable del gasto, ya que en la actualidad no existen estos mecanismos”, subrayó el diputado Navarrete Prida.

De igual forma, el Ejecutivo federal deberá informar de forma trimestral sobre la incidencia del ejercicio, destino y resultado de los recursos al Congreso de la Unión, así como la evolución de las erogaciones establecidas en los anexos transversales.

Aprobamos reforma al Infonavit para reembolsar ahorro a jubilados

Amigos:

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 290 votos a favor, 42 en contra y 5 abstenciones una reforma a la Ley del Infonavit para conceder a los trabajadores la posibilidad de retirar sus ahorros en ese organismo al momento de su jubilación, en caso de no haber ejercido un crédito de vivienda.

La enmienda beneficiaría de manera inmediata con una bolsa de 18 mil millones de pesos a un millón de trabajadores retirados desde 1997 a la fecha, así como a otros 14 millones que en los próximos 20 o 25 años dispondrían en conjunto de 542 mil millones de pesos.

El dictamen presentado por la Comisión de Vivienda prevé igualmente la posibilidad de que los derechohabientes del Infonavit ejerzan un segundo crédito para cambiar, remodelar o ampliar el inmueble adquirido con el primer préstamo.

Según explicó el legislador panista Martín Rico, presidente de la comisión dictaminadora, los trabajadores retirados bajo el régimen del Seguro Social y que no hicieron uso de su crédito para vivienda podrán disponer de sus recursos ahorrados a partir del cuarto bimestre de 1997, así como sus rendimientos, en una sola exhibición.

“Con el dictamen se busca beneficiar a 14 millones de trabajadores que podrán recibir 542 mil millones de pesos durante los próximos 20 años, esto es, siete veces el Presupuesto anual del Programa Oportunidades. En la actual administración se han otorgado más de 2 millones de créditos en beneficio de 9 millones de personas”, precisó.

Nota de Milenio (29 de noviembre de 2011)

Aprueba Cámara de Diputados reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE para dar seguridad social a parejas del mismo sexo

Amigos:

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 252 votos, 80 en contra y 15 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que las parejas del mismo sexo cuenten con seguridad social.

En tribuna, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) explicó que el dictamen responde al principio de igualdad consagrado en la Constitución en el marco de derecho internacional a los derechos humanos.

“Es una ley que ratifica el federalismo de nuestro país y busca revertir una injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega protección y beneficios derivados de su derecho laboral, el derecho a la seguridad social”, dijo.

Explicó que es falso que exista un detrimento en las finanzas “ya que la cuota obrero patronal que se aporta a estas instituciones es independiente de la preferencia sexual y sería no solamente falaz suponer más cara un pareja del mismo sexo y más barata una pareja heterosexual”.

El dictamen define a la unión civil, cómo “el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se derivan obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera”.

El dictamen fue devuelto al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Avalamos integración de un grupo de trabajo para analizar problemática de los transportistas

Amigos:

En la última sesión ordinaria del periodo, aprobamos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra un grupo de trabajo para dar seguimiento a las demandas de los transportistas en diversos puntos del país.

Dicho grupo se encargará también de recibir a sus representantes para analizar sus peticiones y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2012.

La propuesta (de la integración del grupo) establece además, un exhorto al Poder Ejecutivo para que reciba en audiencia a una representación de los transportistas para entablar un diálogo y atender sus demandas.

Se solicita de igual manera que el Ejecutivo rinda un informe de actividades a la Cámara de Diputados.

Miguel Salim en su segunda semana de campaña

Modificamos la Ley Federal de Telecomunicaciones para facultar a organismos autónomos constitucionales acceder al uso de espectro radioeléctrico

Amigos:                                  

En la sesión ordinaria de ayer jueves, aprobamos con 307 votos reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para facultar a organismos autónomos constitucionales y a concesionarios de servicios públicos a acceder al uso de espectro radioeléctrico.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Comunicaciones señaló que la reforma otorga facultades a organismos autónomos constitucionales y a concesionarios de servicios públicos para acceder al uso oficial del espectro radioeléctrico.

Detalló que tratándose en particular de concesionarios de servicios públicos deberán presentar la justificación amplia ante las autoridades competentes para que a partir de dicha información, las mismas puedan determinar la procedencia o no del otorgamiento de la concesión para el uso de espectro radioeléctrico.

También estos concesionarios deberán cubrir la contraprestación que en su caso la Secretaría de Hacienda determine, por lo que el legislador solicitó el voto positivo de la reforma, al considerar que contribuirá al mejoramiento de los servicios y al logro de los objetivos, tanto de organismos autónomos constitucionales, como de concesionarios en la prestación de servicios que el Estado haya otorgado.

El dictamen comprende como “espectro para uso oficial” a aquellas bandas de frecuencia destinadas para el uso exclusivo de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de servicios públicos, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación y seguridad del servicio de que se trate, otorgadas mediante asignación directa.

Semblanza de Miguel Márquez Márquez

Spot de campaña de Josefina Vázquez Mota. Por un país diferente

Reformamos la Ley General de Desarrollo Social para atender pobreza en pequeñas manzanas y localidades

Amigos:

En la sesión del 24 de noviembre, aprobamos por 332 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de eficientar el gasto destinado a combatir la pobreza, a través de catalogar a las zonas de atención prioritaria en manzanas y localidades como de alta y muy alta marginación.

El diputado proponente, José Francisco Yunes Zorrilla señaló que la definición de zonas de atención prioritaria brinda mayor transparencia a los criterios de gasto y cobertura de los programas sociales; sin embargo, existen casos en donde localidades o manzanas no son clasificadas, precisó y son excluidas de los beneficios otorgados por el gobierno federal.

El dictamen propone dar mayor transparencia al ejercicio de los recursos públicos y a la evolución de la pobreza y marginación en nuestro país, se propone agregar al artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, la obligación para que el Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados la propuesta de declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, desagregada a nivel de comunidades en zonas rurales y manzanas en las urbanas.

En las consideraciones, se expone que en el artículo 36 de la norma, están definidos los criterios mínimos para la identificación y medición de la pobreza.

Éstos son: el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda, el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social.

El dictamen se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Límites máximos para mercurio en lámparas fluorescentes

En la sesión del pasado 6 de diciembre, aprobamos un dictamen que pide a las secretarías de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fijen en la Noma Oficial Mexicana correspondiente (NOM-017-ENER/SCFI-2008) los límites máximos permisibles de contenido de mercurio de las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en el país.

Se enfatizó que la peligrosidad del mercurio en su forma elemental o compuesto radica en su elevada toxicidad. En concentraciones elevadas puede provocar daños permanentes en el cerebro, riñones y en los fetos en desarrollo; los niños son más vulnerables a los efectos de este elemento.

Por lo anterior, es relevante que se proporcione al consumidor la información homologada, de aplicación nacional y obligatoria, que deban contener los empaques de las referidas lámparas sobre su manejo y disposición final.

Spot de campaña de Miguel Márquez Márquez. Por el Guanajuato que todos queremos

Spot de campaña de Miguel Márquez Márquez. Presentando a los candidatos a presidentes municipales

Spot de campaña de Josefina Vázquez Mota. Mi tarea es la evaluación

Resumen de Josefina en Tercer Grado de Televisa

Reformamos la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable para desglosar programas sociales

Amigos:

Quiero comentarles que, con el objeto de transparentar los recursos que se destinan a los estados en política social y evitar la duplicidad de programas sociales, aprobamos reformar la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable para desglosar dichos montos.

Se destacó en tribuna que la asignación de recursos para programas sociales deberán ser desglosadas por el gobierno federal al elaborar las reglas de operación de los mismos.

Precisó que actualmente los montos asignados sólo reflejan la cantidad global y no desagregada. Esto sin duda aportará beneficios que fortalecerán la norma, aportará mayor certidumbre jurídica y ampliará la rendición de cuentas que debe existir en el ejercicio de los recursos públicos. El desglose ayudará a analizar y evaluar la política social para brindar certidumbre en la distribución de recursos.

Además permitirá mejorar la planeación de los gobiernos estatales al conocer de manera desagregada los montos y números de programas federales a desarrollarse y evitar la duplicidad de los programas y dispersión de recursos.

El dictamen enviado al Senado de la República establece que “el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes desglosadas por entidad federativa y por programa social”.

“Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales”.

Spot de campaña de Josefina Vázquez Mota. Mi pacto es por la mujer

Diputados avalan reformas para proteger del delito de trata a personas con discapacidad

El Pleno Cameral reformó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el propósito de incluir acciones que protejan de este delito, de manera específica, a las personas con discapacidad.

Al hacer uso de la palabra, la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del grupo parlamentario del PAN, se pronunció a favor del dictamen, porque se toma en cuenta a personas con capacidades diferentes que se vean afectadas y por lo mismo pueden tener una discapacidad posterior por la comisión de este delito.

Destacó que con la aprobación del dictamen, con 350 votos a favor, la víctimas podrán acceder a la reparación del daño y tener asistencia integral, porque son agredidas en lo físico y psicológico.

“Todos estamos expuestos, unamos esfuerzos con el objeto de que esta tarea legislativa siga propiciando un marco jurídico que atienda y combata efectivamente el delito de trata de personas y se vea el diseño, para que nosotros veamos un diagnóstico adecuado, el tratamiento oportuno y extender la atención a personas con discapacidad”.

Enseguida, la diputada María Guadalupe García Almanza, del grupo parlamentario de Convergencia, confió en que esta reforma abra un nuevo camino que favorezca la denuncia de esas agresiones, facilitando la actuación judicial, así como los tratamientos médicos y sicológicos necesarios.

“Es sensible a las necesidades de las personas con discapacidad que son víctimas de abuso sexual, violencia o explotación de cualquier índole como resultado del delito de trata de personas”, enfatizó.

Agregó que en el dictamen se incluyen acciones que protegen de manera específica a las personas con discapacidad y constituye un adelanto para implementar el marco normativo y llevar a la práctica lo mandatado en los ordenamientos internacionales, signados por México.

Enseguida, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRD, destacó la importancia de incluir a este sector de la población en dicho ordenamiento para ser considerado como uno de los grupos prioritarios en el cuidado y la atención.

Además, que en el proceso de impartición de justicia y atención en el tema de trata se tengan las adecuaciones necesarias, como intérpretes de señas, el sistema Braille, o implementos tecnológicos para que puedan acudir a las instituciones a pedir ayuda.

Indicó que con las personas con discapacidad se debe tener mayor cuidado y protección en este tema, por lo que deben incluirse en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pues “este sector es vulnerable porque el Estado no crea las condiciones y el andamiaje para salvaguardar sus derechos y su integridad”.

Las reformas incluyen sanciones administrativas a los servidores públicos que participen en la trata de las personas con discapacidad, con independencia de la responsabilidad penal correspondiente.

Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 6, la fracción II y el inciso b) de la fracción IX del artículo 12, la fracción I del artículo 16 y la fracción II del artículo 18; y se adicionan la fracción VIII al artículo 9 y el inciso h) a la fracción I del artículo 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Aprobado en lo general y en lo particular se envió al Senado para los efectos constitucionales.

Avalamos reformas legales para erradicar causas que afectan a las niñas y los niños

Amigos:

Quiero comentarles que en la sesión del pasado 29 de septiembre, aprobamos un dictamen que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece que los órganos públicos y las autoridades federales, realicen acciones que disminuyan o erradiquen las causas que originan la vulnerabilidad social en las que se encuentran las niñas y los niños.

El dictamen adiciona la fracción X al artículo 11 y fue avalado por 369 votos a favor y una abstención.

Mi compañera, la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, consideró que la reforma enriquece la protección que en materia de discriminación requiere la población infantil vulnerable del país.

“Aún queda camino que recorrer para superar la disparidad y garantizar a los niños y niñas el acceso a una igualdad plena y la no discriminación”, afirmó

Agregó que es un hecho que por su fragilidad y vulnerabilidad los menores de edad requieren mayor protección en los ámbitos familiar y social, por lo que es necesario, dijo, que a las niñas y niños se les garantice y protejan sus derechos, además de sumar esfuerzos para brindar condiciones óptimas para su desarrollo integral.

El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

Spot de campaña de Josefina Vázquez Mota: La Historia

Este 1 de Julio ¿votarás por la percepción o por la razón?

Aprobamos reformas para localizar celulares en tiempo real cuando se trate de un secuestro o extorsión. Se inhibirá el uso de telefonía móvil en centros penitenciarios

Amigos:

Por este medio, quiero comentarles que en la sesión del 1 de marzo, con el propósito de combatir los secuestros, extorsiones o amenazas, aprobamos reformas para que los celulares utilizados para cometer dichos ilícitos sean localizados en tiempo real, además de inhibir el uso de estos equipos en los centros penitenciarios.

El dictamen señala que se impondrá de uno a 5 años de prisión y de mil a 10 mil días de multa, a la autoridad que utilice los datos e información relacionados para fines distintos y de 250 a 2 mil 500 días de multa a permisionarios y concesionarios que se rehúsen a colaborar con la autoridad en las investigaciones.

El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, dijo desde tribuna que se trata de inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios que hay en el país. Señaló que cada día se realizan 6 mil llamadas de extorsión desde el interior de los reclusorios aun cuando su uso está prohibido por el grado de corrupción al interior.

Desde la tribuna, el diputado Benítez Treviño, respondió a las declaraciones del empresario Alejandro Martí, quien acusó la lentitud de la Cámara de Diputados para aprobar este dictamen, dijo que “este asunto no tiene un año, y tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo turnó a las Comisiones de Justica, Comunicaciones y Seguridad Publica”.

Avalamos establecer mecanismos legales que obliguen a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones realizar el bloqueo de los teléfonos celulares reportados como robados o extraviados a fin de evitar que sean utilizados para ilícitos.

El dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal, así como de las Leyes Federal de Telecomunicaciones, la que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece derogar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

Se determina que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio; a su vez los centros penitenciarios deberán bloquear o anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del perímetro de aquellos.

El documento, remitido al Ejecutivo para su publicación, precisa que las señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios.

Reforman diputados Ley General de Salud para incluir acciones en materia de prevención y control de accidentes en los Centros Especializados de Atención de Trauma

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (253 votos) las reformas a la Ley General de Salud para incluir acciones en materia de prevención y control de accidentes en los Centros Especializados de Atención de Trauma.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Leandro Rafael García Bringas (PAN) refirió que la prevención debe ser el centro de las acciones legislativas y de la política pública, en particular la prevención de accidentes a través de la participación ciudadana organizada.

Asimismo, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD) refirió que implementar acciones en materia de prevención y control debe de traer beneficios para la salud.

En la exposición de motivos, el documento plantea que México no cuenta con un completo conocimiento sobre el tratamiento agudo y crónico de quemaduras y accidentes siendo que contamos con un alto porcentaje de éstos.

Por ello, el concepto de medicina preventiva que se está perdiendo, por lo que se requieren más lugares de información, así como capacitar al personal docente, a médicos, a enfermeras, a líderes de comunidad, a fin de lograr prevenir accidentes o hasta la muerte.

Aprobamos reforma a la Ley del Servicio Postal Mexicano para su modernización

Amigos:

En la sesión del 10 de abril aprobamos, con 314 votos favor el dictamen que reforma la Ley del Servicio Postal Mexicano para su modernización.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, José Adán Ignacio Rubí Salazar, explicó que el dictamen establece que el Servicio Postal Mexicano podrá modernizar los servicios que presta, particularmente con la introducción de tecnologías de la información y de la comunicación, a efecto de que la recepción, transporte y la entrega de correspondencia sean más ágiles en todas sus etapas.

La reforma señala que “el gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta ley”.

Además de que el organismo garantizará la continuidad y modernización del Servicio Postal Mexicano, a través del empleo de las tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan, de acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia.

Reformamos los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales en materia de responsabilidad de las personas morales

Amigos:

Les informo que en la sesión del 27 de abril, aprobamos el dictamen que adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, en materia de responsabilidad de las personas morales.

Al justificar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, refiere que con estas reformas se fincan responsabilidades a las personas morales por eludir contribuciones fiscales o por la comisión de delitos como lavado de dinero, delitos contra la salud, trata de personas, turismo sexual o el cohecho.

Destacó que actualmente, la mayor parte de los delitos en los negocios o socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa; y el crimen organizado se sirve en muchas ocasiones de las instituciones económicas: establecimientos financieros, sociedades de exportación o de importación, para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Subrayó que esta forma de criminalidad ha obligado a establecer una responsabilidad penal contra las personas morales.

También avalamos la reserva de mi compañero, el diputado Oscar Martín Arce Paniagua a los artículos 13 bis, 13 ter, 17 bis, 24 bis, y 50 ter del Código Penal Federal, a fin de que las personas morales sean responsables cuando tengan conocimiento del acto.

El diputado comentó que este dictamen surgió contemplando un contexto en el que el cruce de fronteras físicas y uso de tecnologías avanzadas han permitido no sólo la globalización de las actividades económicas legales sino también la expansión del “lado oscuro de las actividades ilegales globalizadas” donde empresas criminales cometen delitos ambientales, trafican seres humanos y una mayor diversidad de bienes y servicios ilícitos, es necesario tener instrumentos legales para su represión.

Por lo que ahora se podrá cumplir con lo que México ha firmado y ratificado en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en el sentido de reprimir a las empresas criminales la posibilidad de que los Estados legislen sobre la responsabilidad penal de las mismas.

El documento establece que cada Estado velará en particular porque se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo a esta norma.

Hasta 60 años de cárcel a quien incurra en el delito de feminicidio

Con 311 votos a favor, los diputados federales avalamos, en la sesión del 30 de abril, diversas reformas y adiciones para combatir el feminicidio, mediante sanciones que van de los 40 hasta los 60 años de prisión, así como castigar con mínimo ocho años de cárcel a quien cometa el delito de violación sexual.

 

Los diputado avalamos la minuta del Senado, que reforma al Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de fortalecer el sistema de justicia penal en pro de las mujeres.

 

La diversas reformas establecen los principios para garantizar la igualdad de género, además de que tipifica como nuevo delito la inseminación no consentida, que alcanzará sanciones de cuatro a siete años de cárcel, y se establece una mayor penalidad a quien lo cometa, para alcanzar de cinco a 14 años de prisión.

 

El dictamen establece como conducta delictiva el delito de esterilidad provocada, con penas de cuatro a siete años de cárcel, cuando sin el consentimiento de una persona se practiquen en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril.

 

Los cambios legales tipifican además como delito el “abuso en medio laboral”, que será castigado con sanciones de tres a ocho años de prisión cuando se obligue a alguien a renunciar a su empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

 

Se establece la reparación del daño de manera integral y proporcional a la afectación causada, extendiéndose no sólo al daño patrimonial sino extra patrimonial, y se agrava la pena para el Ministerio Público que no solicita esa reparación.

 

También cuando haya existido “entre el activo y la víctima” una relación sentimental, afectiva o de confianza, que haya habido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima, o que su cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Subraya que los delitos contra menores de edad prescribirán penalmente a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad.

 

Ver nota de televisión.

Avalamos sancionar hasta con tres años cuando haya delito culposo

Amigos:

Quiero comentarles que también avalamos, con 300 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, un dictamen impulsado por la Comisión de Justicia que reforma el artículo 60 del Código Penal Federal, para que en caso de delitos culposos, se establezca como sanción máxima de tres años el derecho para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso.

En tribuna, nuestra postura la hizo patente mi compañero Ovidio Cortazar Ramos. Explicó que la ley actualmente señala como tiempo máximo de sanción 10 años, lo que al parecer de los integrantes de la comisión es excesivo.

“Toda vez que se trata de delitos culposos y que el sujeto activo no quiere cometer el hecho previsto en la norma, pero lo realiza por no prever siendo previsible, esto es, por inobservancia del debido cuidado, por tanto, es excesivo que la suspensión para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso sea de diez años”, puntualizó.

Más aún, destacó, que sea una privación definitiva de los mismos, tomando en cuenta que durante este lapso el sujeto se aparta de la práctica de su profesión y se vuelve proclive a desviar su atención para empezar a delinquir por falta de oportunidades y por la necesidad de mantenerse a sí y a los suyos.

Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Avalamos reformas para sancionar con dos a nueve años de prisión a taladores clandestinos

Amigos:

Quiero informarles que en la sesión del 8 de septiembre de 2011, aprobamos con 315 votos el dictamen que reforma diversos artículos del Código Penal Federal, para sancionar con dos a nueve años de prisión y de cuatrocientos a tres mil días de salarios mínimos a taladores clandestinos.

Avalamos sancionar a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a dos metros cúbicos.

También se impondrá una pena de uno a seis años de prisión y de trescientos a dos mil días multa, con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, a quien adquiera, posea, custodie o reciba por cualquier motivo, madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, con conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad ilícita.

Además, para quien oculte o pretenda ocultar el origen, ubicación, destino o propiedad de madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, con conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad ilícita.

“Se entenderá que es producto de una actividad ilícita la madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, cuando existan indicios de que proviene directa o indirectamente de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”, señala el dictamen.

El documento detalla que se aplicará una pena adicional de hasta de tres años más de prisión y de hasta mil días multa adicionales, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida o de especies sujetas a protección por otras leyes o normas o cuando el delito sea cometido por un servidor público.

Exhortamos a la PGR a acelerar investigaciones sobre el incendio de la Guardería ABC

La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República se apresuren las investigaciones relacionadas con el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 2009.

En votación económica, el Pleno avaló el Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que el Gobierno Federal agilice las averiguaciones y se puedan asignar responsabilidades.

El documento establece que han transcurrido más de dos años del siniestro y no se tienen avances en cuanto a su esclarecimiento.

Asimismo, se pide atender las recomendaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exhortar a las autoridades correspondientes a reparar el daño causado por el incendio, donde murieron 49 infantes y 80 más resultaron lesionados, tal y como quedó establecido en la investigación número 1/2009, mediante el dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre de 2010.

Aprobamos en San Lázaro la ley contra "lavado de dinero"

Con 342 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que obligará a notarios, corredores bursátiles e inmobiliarios, joyeros y casineros, entre otros, a reportar cualquier operación vulnerable al “lavado” de dinero.

El dictamen presentado por las comisiones de Justicia y de Hacienda prevé la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, como órgano especializado en la detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilegal.

Restringe también el pago en efectivo de vehículos terrestres aéreos o marítimos nuevos o usados, así como de joyería, metales, piedras preciosas y obras de arte.

El documento limita la adquisición de boletos para participar en juegos con apuestas, concursos o sorteos, además de regular la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos.

Según dijo el legislador  Arturo Zamora Jiménez, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita combate, previene y castiga el blanqueo de capitales provenientes de la delincuencia organizada.

A nombre del PAN, la diputada María Antonieta Pérez Reyes precisó la obligatoriedad de enlistar las actividades consideradas vulnerables para el “lavado” de dinero, así como la imposición de multas en caso de incumplimiento de la ley.

La legisladora Dolores Nazares Jerónimo remarcó la necesidad de combatir el delito, toda vez que la Secretaría de Hacienda estima en 10 mil millones de dólares el excedente registrado anualmente en el sistema financiero mexicano y que presuntamente tiene sus orígenes en actividades ilícitas. (Nota de Milenio)

Ver nota de televisión.

Avalamos cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Cámara de Diputados aprobó, en la sesión del 13 de diciembre,  reformar el artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que la información que se genere en este ámbito sirva para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social.

El dictamen, aprobado por 295 votos a favor y una abstención, propone garantizar que esta información sea utilizada cuando se encuentre vinculada a la prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones.

En tribuna, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Sergio González Hernández (PAN), explicó con se requiere de una reforma que abarque las bases de datos de las cuatro secciones que conforman la información sobre seguridad pública. “Con el párrafo que se adiciona se garantiza que éstas sean utilizadas de manera lícita”.

Afirmó que se busca que la información sea utilizada por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, “permitiendo una adecuada cooperación entre la federación, los estados y municipios, en aras de una eficiente investigación, persecución y sanción de los delitos”.

Agregó que con la reforma se logrará homologar lineamientos generales, que deben ser observados por los órdenes de gobierno para el correcto uso de la información sobre la seguridad pública.

González Hernández dijo que para que pueda existir un adecuado y eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno se requiere de herramientas tecnológicas que lo permitan.

“Sin una regulación adecuada se puede prestar al uso con fines ilícitos de la vasta información que en materia de seguridad se tiene. Actualmente existe la urgente necesidad de establecer textualmente que la información de este tipo sólo podrá ser utilizada en procedimientos vinculados con la prevención, investigación y persecución de delitos”, aseveró.

El diputado Eduardo Yáñez Montaño, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, se pronunció a favor de que esa información sea utilizada por esas instituciones afines “para prevenir el delito, en trabajos de investigación y en operaciones de inteligencia para lograr esclarecer los hechos”.

Comentó que la modificación pretende que las bases de datos sean utilizadas en los propios procesos en que se pueda llegar claramente a la verdad.

Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

Reformamos la Ley General de Educación para fortalecer la oferta de enseñanza mediante el uso extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 284 votos a favor el dictamen que reforma la Ley General de Educación, con lo que se establece que las autoridades educativas deben fortalecer la oferta educativa mediante el uso extensivo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En las consideraciones se expone que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la planificación educativa, ampliando el acceso al aprendizaje, mejorando la calidad y garantizar la integración.

Señala que el uso de las TIC en el aprendizaje, ha abierto oportunidades considerables para la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos; sin embargo, no es común que los programas educativos se ejecuten únicamente a través de las TIC, sino que éstas son un recurso utilizado para apoyar los programas tradicionales.

De esta manera se reconoce que el adecuado uso de las TIC puede favorecer los programas educativos y fortalecer la oferta de todos los niveles, incluyendo aquellos en que la deserción es mayor, como es el caso de la educación media superior.
Los legisladores promoventes hacen referencia a diversas acciones relacionadas con la utilización de las tecnologías de información y comunicación que deben ser implementadas en el país, entre las que se encuentran: capacitar a los profesores en el uso de tecnologías, fortalecer y promover el uso de tecnologías en los modelos de educación abierta y a distancia.